Los trabajadores federales, las primeras víctimas silenciosas del cierre

Mientras los debates políticos ocupan titulares, los más de dos millones de empleados civiles del gobierno federal viven en carne propia las consecuencias del cierre. El 10 de octubre, miles de ellos recibieron cheques reducidos o incompletos, y otros tantos fueron directamente suspendidos sin pago. Desde las oficinas del Departamento de Estado hasta los servicios de control fronterizo, el impacto económico comienza a sentirse con fuerza.

Para muchos de estos trabajadores, la frustración es doble: no solo están sin cobrar, sino que además son testigos del estancamiento en Washington. Algunos sindicatos de empleados públicos han iniciado protestas frente a la Casa Blanca y el Capitolio, reclamando un acuerdo que les permita retomar sus labores con normalidad. “No somos fichas políticas”, dijo una empleada del Departamento del Tesoro a medios locales. “Mientras ellos pelean, nosotros perdemos nuestros ingresos”.

El cierre también ha afectado a comunidades enteras en torno a las bases militares y oficinas gubernamentales, donde el gasto de los empleados federales sostiene buena parte de la economía local. Pequeños comercios y restaurantes reportan caídas de hasta un 40 % en ventas en ciudades como Washington D.C., Norfolk y San Antonio.

El presidente Trump ha reconocido públicamente el sacrificio de los trabajadores, aunque insiste en que “el costo del corto plazo será compensado con estabilidad a largo plazo”. Sin embargo, la paciencia se agota. Si el cierre se prolonga más allá de la próxima semana, los sindicatos ya preparan demandas legales para exigir el pago retroactivo completo.