El impacto ya se siente en los bolsillos de muchos estadounidenses. Miles de empleados federales recibieron el 10 de octubre su cheque reducido o directamente sin salario completo, y varias agencias reportan retrasos en sus operaciones básicas.

El anuncio llega como una señal de alivio para los 1.3 millones de militares en servicio activo, además de los cientos de miles de miembros de la Guardia Nacional y empleados civiles del Departamento de Guerra, quienes temían no recibir su salario a tiempo debido a la falta de aprobación presupuestaria en el Congreso.

Los líderes de ambos partidos han endurecido su retórica. Desde el ala republicana, el vicepresidente J.D. Vance y el líder de la mayoría en la Cámara, Steve Scalise, acusan a los demócratas de “usar el presupuesto como arma ideológica”, especialmente en materia de salud e inmigración. Los demócratas, por su parte, culpan a los republicanos de haber incluido recortes “inaceptables” a programas sociales, aunque reconocen que existe división interna sobre qué estrategia seguir.

El presidente Trump ha reconocido públicamente el sacrificio de los trabajadores, aunque insiste en que “el costo del corto plazo será compensado con estabilidad a largo plazo”. Sin embargo, la paciencia se agota. Si el cierre se prolonga más allá de la próxima semana, los sindicatos ya preparan demandas legales para exigir el pago retroactivo completo.

Los mercados observan con cautela y los empresarios piden soluciones rápidas, pero sin renunciar a las reformas estructurales que Trump ha prometido impulsar. La gran incógnita es cuánto tiempo más podrá resistir la economía real antes de que el cierre empiece a sentirse no solo en los titulares, sino también en las cifras del crecimiento y el empleo.