Washington sigue paralizado entre recriminaciones
Estados Unidos cumple ya 13 días de cierre parcial del gobierno federal, sin señales claras de un acuerdo entre republicanos y demócratas. Mientras el Senado se prepara para retomar sesiones este lunes, las negociaciones sobre el presupuesto siguen trabadas en torno a las prioridades de gasto social y defensa. Los esfuerzos por aprobar un nuevo proyecto de financiamiento temporal —conocido como stopgap bill— fracasaron la semana pasada, dejando a cientos de miles de trabajadores públicos y contratistas en un limbo económico.
El cierre, iniciado el 1 de octubre, ha puesto de manifiesto la profunda división política que domina Washington. Ambos partidos se acusan mutuamente de haber provocado la parálisis: los demócratas responsabilizan a la administración Trump por negarse a incluir fondos adicionales para programas de salud e inmigración, mientras que los republicanos acusan a la oposición de “chantaje presupuestario” y de intentar introducir, a través del presupuesto, medidas que no han logrado aprobar en el Congreso.
El impacto ya se siente en los bolsillos de muchos estadounidenses. Miles de empleados federales recibieron el 10 de octubre su cheque reducido o directamente sin salario completo, y varias agencias reportan retrasos en sus operaciones básicas. Aunque los servicios esenciales permanecen activos, el clima de incertidumbre afecta a millones de familias dependientes del empleo público o de contratos gubernamentales.
El presidente Donald Trump ha insistido en que el cierre es “necesario para sanear las cuentas públicas y poner fin a los excesos del gasto federal”. Desde su plataforma Truth Social, el mandatario reiteró que “no se trata de un cierre, sino de una corrección” y prometió que su administración está “preparada para resistir lo que sea necesario” hasta lograr una ley de gasto “responsable y patriótica”.
Mientras tanto, la presión pública crece y el Senado enfrenta la tarea de aprobar una medida que, al menos temporalmente, reabra el gobierno. Pero en Washington, pocos creen que eso ocurra sin que alguna de las partes haga una concesión significativa. Y por ahora, nadie parece dispuesto a ceder.