Un cierre que abre muchas interrogantes

Cuando ambos partidos hablan y rehúyen responsabilidad, el país termina pagando el precio. En medio del impase presupuestario en Washington, el Gobierno federal se ha visto obligado a cerrar parcial o completamente dependencias que no cuentan con financiamiento autorizado por el Congreso. Senadores y representantes siguen lanzando acusaciones cruzadas, mientras urgen aprobar un proyecto de gasto antes de que las consecuencias se agraven.

El cierre del Gobierno obedece a que el Congreso no ha aprobado las 12 leyes de apropiación necesarias para el año fiscal 2026, ni una resolución continua (continuing resolution) que mantenga los niveles de gasto vigentes mientras se negocia el presupuesto. En otras palabras, sin autorización legal, el Tesoro no puede desembolsar fondos para muchos programas, y las agencias deben suspender operaciones no esenciales.

Con el vencimiento del último plazo presupuestario, varias propuestas de financiamiento —tanto del Partido Republicano como de los demócratas— fueron rechazadas en el Senado. Ninguna alcanzó los 60 votos necesarios. Así, el Gobierno entró en modo de “apagar lo que no es indispensable”.

Uno de los impactos más inmediatos del cierre es el fuerte golpe al empleo público. Se estima que alrededor de 750,000 empleados federales podrían ser puestos en permiso (furlough) cada día que dure el cierre.

Muchas funciones clasificadas como “esenciales” continuarán (por ejemplo, seguridad nacional, control de tráfico aéreo, fuerzas armadas), pero los trabajadores seguirán sin recibir pago hasta que el Congreso restituya los fondos. Además, se han enviado directivas a las agencias para que consideren reducciones permanentes de plantilla si el cierre se prolonga, una medida extraordinaria para estos episodios.

Para esos empleados afectados, la ley Government Employee Fair Treatment Act of 2019 garantiza que recibirán el pago retroactivo al restablecerse el financiamiento. Pero eso no alivia el golpe inmediato en sus finanzas del día a día cuando sus ingresos se suspenden.

Muchos servicios quedan suspendidos o severamente reducidos en tiempos de cierre. Esto incluye desde el procesamiento de solicitudes federales y permisos hasta inspecciones y apoyo a sectores vulnerables.

Por ejemplo, programas de asistencia nutricional como WIC (Women, Infants and Children), que apoyan a millones de mujeres con hijos pequeños, pueden quedarse sin fondos en pocas semanas. Agencias de salud también prevén recortes: ya se proyecta que el 41% del personal del Departamento de Salud y Servicios Humanos será suspendido temporalmente.

El sector aeronáutico advierte demoras en inspecciones de aeronaves, mantenimiento y certificaciones, lo que podría generar cuellos de botella incluso cuando el sistema operativo siga funcionando en su mínima expresión.

En cuanto a las finanzas del país, cada semana de cierre podría costar miles de millones de dólares al PIB. Un memorando de la Casa Blanca apunta a pérdidas de hasta 15 mil millones de dólares semanales si el impasse se prolonga demasiado. Analistas independientes estiman una merma de alrededor de 7 mil millones cada semana como efecto del frenazo en gasto público, pagos y demanda general.

Acusaciones y urgencia

Mientras las consecuencias del cierre se expanden, el intercambio de reproches entre republicanos y demócratas intensifica la polarización. Cada bando acusa al otro de obstrucción y de anteponer intereses partidistas sobre el bienestar nacional.

Por ejemplo, demócratas insisten en que cualquier proyecto de financiamiento debe incluir la extensión de subsidios de salud bajo la Ley de Atención Médica Asequible (Affordable Care Act), un punto que los republicanos rechazan negociar durante el cierre. Algunos senadores demócratas han manifestado que no aceptarán reabrir el Gobierno sin esas garantías.

Por su parte, los líderes republicanos señalan que son los demócratas quienes están bloqueando medidas razonables de financiamiento temporal. El control de la Cámara y la presión mediática empujan a que los legisladores intenten aprobar resoluciones puntuales para reactivar funciones críticas mientras se sigue negociando lo demás.

Pero sin un consenso mínimo de 60 votos en el Senado, muchos proyectos se estancan. Algunos senadores demócratas moderados ya han cruzado la línea para extender financiamiento temporal, lo que evidencia el nerviosismo en su propia bancada.

Un cierre prolongado no solo genera pérdidas inmediatas, sino que daña la confianza institucional y genera inestabilidad para inversores, empresas y ciudadanos. El retraso en la publicación de datos económicos puede dificultar decisiones de política monetaria y fiscal.

Además, contratistas del gobierno también sufrirán afectación: pagos retrasados, suspensión de contratos y modificaciones operativas quedarse congeladas.

Por último, la narrativa política que surja durante este cierre podría definir la percepción pública sobre quién “responde” en momentos de crisis. La gestión de este episodio podría ser un punto de inflexión para futuras elecciones.