Nuevo censo excluiría a indocumentados
Washington D.C.— El presidente Donald Trump instruyó al Departamento de Comercio a comenzar de inmediato los preparativos para un nuevo censo nacional que excluya a inmigrantes indocumentados del conteo oficial.
El anuncio, difundido a través de su plataforma en redes sociales Truth Social, asegura que el conteo se basará en "datos y cifras actuales" y en resultados de la elección presidencial de 2024. “Las personas que están en nuestro país de manera ilegal no serán contadas en el censo”, afirmó el mandatario.
Se estima que hay entre 11 y 13 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos actualmente. Esta población reside principalmente en estados con fuerte representación demográfica como California, Texas y Florida.
Impactos políticos, sociales y económicos
La distribución de escaños en la Cámara de Representantes y los votos del Colegio Electoral podría cambiar significativamente. Estados con grandes poblaciones indocumentadas, como California y Texas, podrían perder representación. Mientras tanto, estados con menor presencia indocumentada podrían ganar escaños.
El contexto coincide con intensas disputas de redistribución (redistricting) en estados como Texas, donde ya se prevé una reconfiguración favorable al Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de período de 2026.
La Constitución, según la 14ª Enmienda, exige que el censo cuente al “número total de personas en cada Estado”, sin distinguir por estatus migratorio. Anteriores intentos similares de Trump fueron bloqueados por la justicia.
La omisión de indocumentados podría marginar aún más comunidades latinas y otras minorías, reduciendo su visibilidad en datos oficiales esenciales para recibir servicios públicos.
El censo determina la distribución de cientos de miles de millones de dólares en fondos federales para infraestructura, educación, salud pública y más. Una omisión de millones de residentes podría significar una pérdida sustancial para comunidades vulnerables.
Ciudades y estados afectados podrían ver un recorte abrupto en inversiones federales, alterando presupuestos locales y estatales por toda la próxima década.