Congreso inicia audiencias clave sobre salud y financiamiento público

Washington.— Con un clima político cargado y la amenaza de un nuevo cierre del gobierno en el horizonte, el Congreso de Estados Unidos reanudó esta semana una agenda legislativa marcada por la salud pública y el financiamiento federal. En el centro de las discusiones destacan las audiencias sobre el proyecto sanitario del presidente Donald Trump, en las que participa directamente el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., figura clave de la actual administración en materia de políticas de salud.

Reformas en el sistema de salud

Las audiencias, celebradas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, giran en torno a las reformas impulsadas por la Casa Blanca que buscan una reestructuración profunda del sistema de salud. Entre los puntos más controvertidos se encuentran:

  • Vacunas y confianza pública: Kennedy Jr. ha defendido cambios en los procesos de aprobación y supervisión de vacunas, argumentando que deben existir mayores controles de seguridad y transparencia, pese a las críticas de expertos que temen un debilitamiento de la confianza en la inmunización.

  • Reorganización del CDC: se plantea una revisión estructural de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con el fin de descentralizar funciones y dar mayor poder a los estados en la gestión de emergencias sanitarias.

  • Costos sanitarios: legisladores de ambos partidos han cuestionado los crecientes gastos en salud, mientras la administración propone mecanismos de contención de precios en seguros y hospitales.

  • Medicamentos: la Casa Blanca impulsa un plan de negociación directa con farmacéuticas para reducir el precio de medicamentos esenciales, una medida que enfrenta la resistencia de la industria y de sectores republicanos que la califican de “intervencionismo”.

El factor Kennedy Jr.

La participación de Robert F. Kennedy Jr. añade un elemento singular al debate. Conocido por sus posturas críticas sobre las vacunas y el papel de las agencias de salud, Kennedy ha pasado de ser un activista polémico a una pieza central del gabinete presidencial.

En su comparecencia, defendió el informe de la comisión “Make America Healthy Again (MAHA)”, que recomienda cambios profundos en la nutrición escolar, restricciones a la publicidad de fármacos dirigida a menores y revisiones en la autorización de medicamentos. Sus intervenciones generaron fuertes intercambios con senadores demócratas, que lo acusan de debilitar el consenso científico en torno a la salud pública.

Riesgo de cierre del gobierno

Más allá del debate sanitario, el Congreso enfrenta una fecha límite para aprobar un nuevo paquete presupuestario. Una de las discusiones más sensibles es la posible resolución para evitar el cierre del gobierno, que incluye la extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés).

Mientras los republicanos presionan por una reducción del gasto y una reorientación de fondos hacia programas estatales, los demócratas insisten en que eliminar o reducir los subsidios del ACA tendría un efecto devastador para millones de familias que dependen de ellos para mantener su cobertura médica.

Reacciones en el Congreso

Las posiciones se mantienen polarizadas. El senador republicano Rand Paul respaldó la iniciativa de revisar al CDC y calificó los subsidios del ACA como “un peso insostenible para el contribuyente”. En contraste, la senadora demócrata Elizabeth Warren denunció que las propuestas de la Casa Blanca “ponen en riesgo la salud pública para favorecer intereses ideológicos”.

El liderazgo demócrata ha advertido que no apoyará un presupuesto que debilite la Ley de Cuidado de Salud Asequible, lo que aumenta las probabilidades de un enfrentamiento legislativo en las próximas semanas.

Lo que está en juego

Las audiencias de esta semana no solo definirán el futuro de la política sanitaria bajo la administración Trump, sino que también podrían determinar la estabilidad fiscal del gobierno en el corto plazo.

Un eventual cierre afectaría a agencias federales clave, incluidas las de salud pública, en un momento en que aún persisten retos como el repunte de casos de COVID-19 estacional y la crisis de acceso a medicamentos de alto costo.

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