Jueza federal bloquea deportación de migrantes con parole humanitario
Washington.— La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, emitió este viernes una orden judicial que prohíbe temporalmente la deportación de migrantes que han ingresado al país bajo el programa de parole humanitario. La medida representa un nuevo revés para los esfuerzos del gobierno federal por controlar los flujos migratorios y marca un nuevo capítulo en el debate sobre las políticas migratorias de la administración Biden.
Williams concedió una medida cautelar solicitada por varias organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes. Estas alegaron que la deportación de beneficiarios del parole sin un debido proceso viola las protecciones constitucionales y las propias reglas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El programa de parole humanitario permite la entrada temporal de personas provenientes de países en crisis, como Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, quienes deben cumplir con requisitos específicos, como tener un patrocinador en Estados Unidos y pasar controles de seguridad. El DHS ha argumentado que este mecanismo es clave para reducir los cruces irregulares por la frontera sur y fomentar una migración "ordenada y segura".
Sin embargo, en las últimas semanas, varios beneficiarios del parole fueron detenidos y sometidos a procesos de expulsión acelerada, lo que provocó la reacción de grupos civiles y demandas judiciales en distintos estados. La jueza Williams consideró que existía evidencia suficiente para sostener que algunos migrantes estaban siendo deportados sin la oportunidad de presentar sus casos ante un juez de inmigración.
El gobierno federal aún no ha anunciado si apelará la decisión, pero un portavoz del DHS señaló que están evaluando sus opciones legales y reiteró que el parole no otorga un estatus migratorio permanente. Por su parte, los demandantes celebraron la decisión como una victoria temporal para miles de migrantes en situación vulnerable.
Se espera que el caso continúe en los tribunales mientras se resuelve la legalidad del proceder gubernamental. La decisión de la jueza no anula el programa de parole, pero impide la deportación inmediata de quienes hayan sido admitidos bajo sus términos, al menos hasta que se celebre una audiencia de fondo.