Sin privilegios ni silencios: La apertura de los archivos Epstein
Desde Washington, el flamante giro en el tratamiento del escándalo que sacude a la sociedad estadounidense parece haber marcado un punto de inflexión. El pasado 19 de noviembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó la ley conocida como Epstein Files Transparency Act, que obliga al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) a divulgar, en un plazo no mayor a 30 días, todos los documentos no clasificados vinculados al caso, incluidas investigaciones, registros de vuelo, comunicaciones, materiales probatorios, declaraciones y los detalles del encarcelamiento y muerte de Epstein.
En su intervención en Punto Clave, José Aristimuño destacó que esta aprobación no fue un trámite menor ni simbólico: la Cámara de Representantes dio su respaldo con 427 votos a favor y uno en contra, mientras que el Senado aprobó la ley por consentimiento unánime. Aun así, tras años de reticencia —y pese a que Epstein mantuvo contactos con figuras políticas y sociales de alto perfil—, la divulgación masiva de estos archivos se presenta ahora como un acto de transparencia sin precedentes.
Aristimuño recalcó que el paquete de archivos no solo proviene de la antigua demanda civil presentada por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell —que ya incluía más de 900 páginas con listas de vuelo, correos electrónicos y referencias a personas vinculadas a Epstein— sino que abarca también documentos federales del DOJ y del Federal Bureau of Investigation (FBI). Se incluyen además registros de vuelos, acuerdos de inmunidad, pactos de no enjuiciamiento, comunicaciones internas y hasta las investigaciones sobre la muerte de Epstein en prisión.
Según lo conversado en Punto Clave, esta apertura masiva impone un reto monumental a la sociedad norteamericana: la posibilidad de revelar conexiones de Epstein con personas influyentes, figuras públicas o instituciones. En ese sentido, Aristimuño evaluó la ley como una victoria de la transparencia y del derecho del público a conocer verdades incómodas, más allá del temor de algunos sectores de que se expusieran identidades de testigos o víctimas. Las redacciones podrían producirse únicamente para proteger información sensible —identidades de víctimas, detalles sobre abusos infantiles, investigaciones activas o seguridad nacional—; pero la ley prohíbe explícitamente ocultar información por razones de “vergüenza, reputación o conveniencia política”.
Para muchas víctimas, subrayó Aristimuño, representa un paso necesario hacia la justicia. La presión pública, las manifestaciones de supervivientes y el clamor ciudadano fueron decisivos para empujar a un Congreso y a un Presidente que en un principio se mostraba cauteloso. Sin embargo, el analista advirtió que una publicación masiva no garantiza automáticamente justicia: abrir los archivos es solo el comienzo. Lo verdaderamente relevante será observar si la información conduce a investigaciones serias, imputaciones, sanciones reales y reformas profundas que prevengan que abusos de esa magnitud queden en la impunidad.
Aristimuño también planteó una reflexión más amplia sobre poder, élites y confianza ciudadana. “Este caso —dijo— no debería ser solamente sobre Epstein, sino sobre el pacto social que sostiene la democracia: cuando las instituciones se resisten a mostrar lo que saben, se mina la credibilidad del sistema.” En ese sentido, la desclasificación de los archivos aparece como una oportunidad, no solo para exponer hechos oscuros, sino para reconstruir la fe pública en que nadie está por encima de la ley.
Finalmente, sobre posibles efectos políticos, señaló que la avalancha de documentos podría sacudir sensibilidades en el corto plazo —sacando a la luz nombres, relaciones de poder y encubrimientos—, pero que probablemente el proceso será lento. Muchas piezas podrían quedar silenciadas por redacciones justificadas en protección a víctimas o investigaciones activas. Aun así, en una época marcada por la polarización y la desconfianza hacia las élites, la emisión completa del material podría abrir una nueva era de rendición de cuentas y provocar demandas legítimas de transparencia en otros casos de abuso y corrupción.
En conclusión, la decisión del Congreso y la firma presidencial convierten al caso Epstein en un punto de inflexión histórico. La apertura de los archivos representa una victoria de la transparencia, un alivio para las víctimas y una prueba de que, aun en un país tan tensionado políticamente como Estados Unidos, la presión ciudadana puede obligar al poder a responder. Pero queda por ver cuánto se hará con esa información —si bastará para llevar a los culpables ante la justicia, y si servirá para regenerar la confianza en las instituciones. Para Aristimuño, más que una cacería mediática, debe ser un ejercicio serio de verdad, reparación y reforma.