El Senado bloquea intento demócrata de frenar el uso de la fuerza militar contra los cárteles del Caribe

En una votación cerrada de 51 contra 48, el Senado de Estados Unidos rechazó una resolución promovida por legisladores demócratas para limitar la autoridad del presidente Donald Trump en el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga que operan en el Caribe y América Latina.

La iniciativa, presentada por el senador Tim Kaine (D-VA) junto a varios demócratas, buscaba obligar al Ejecutivo a solicitar aprobación del Congreso antes de realizar operaciones armadas fuera del territorio nacional, en aplicación de la War Powers Resolution de 1973. Sin embargo, la mayoría republicana, junto con algunos demócratas moderados, bloquearon el intento alegando que habría comprometido la capacidad del gobierno para responder con rapidez ante amenazas emergentes.

“No podemos atar las manos del presidente en plena guerra contra el narcotráfico internacional”, sostuvo el líder republicano Mitch McConnell. “Los cárteles no son simples bandas criminales: son organizaciones paramilitares transnacionales que mueven millones de dólares y envenenan a nuestros jóvenes con fentanilo”.

La resolución fue derrotada con el voto en contra de tres senadores clave: John Fetterman (D-PA), Joe Manchin (D-WV) y Angus King (I-ME), quienes se unieron al bloque republicano para impedir su aprobación.

Del lado opuesto, Rand Paul (R-KY) y Lisa Murkowski (R-AK) rompieron filas con su partido y apoyaron la restricción, argumentando que el Congreso debe mantener control constitucional sobre los actos de guerra.

“El presidente Trump tiene razón en una cosa: los demócratas no saben poner límites al gasto público”, había dicho días antes el senador Paul. “Pero también debemos recordar que la Constitución nos otorga a nosotros, no al Ejecutivo, el poder de declarar la guerra. No podemos convertir las operaciones antinarcóticos en guerras abiertas sin supervisión”.

La administración Trump ha defendido su estrategia de acciones militares selectivas contra embarcaciones sospechosas en el Caribe, señalando que forman parte de una “campaña de disuasión” para cortar rutas de tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas. Según cifras del Comando Sur (SOUTHCOM), las incautaciones marítimas en la región aumentaron un 38% en el último año, con 127 toneladas de drogas decomisadas.

No obstante, los críticos advierten que varios de los ataques recientes —como el que destruyó una lancha venezolana el pasado 3 de septiembre, dejando 11 muertos— carecen de transparencia y de revisión legislativa, lo que podría implicar violaciones al derecho internacional si se demuestra que las embarcaciones no estaban armadas.

“El Congreso no está para revisar operaciones una vez ejecutadas, sino para autorizar su inicio”, señaló el senador Kaine tras la votación. “Hoy el Senado ha renunciado a una de sus funciones más sagradas: supervisar el uso de la fuerza militar en nombre del pueblo estadounidense.”

En contraste, desde la Casa Blanca, el vicepresidente J.D. Vance celebró el resultado: “El Senado envió un mensaje claro a los cárteles: Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados. Este presidente actúa con fuerza, no con burocracia”.

Analistas políticos coinciden en que el debate refleja un choque profundo entre el poder ejecutivo y legislativo sobre los límites de la guerra moderna contra el narcotráfico. “Estamos viendo una reinterpretación del concepto de ‘amenaza nacional’”, explicó el profesor de seguridad hemisférica Michael Shifter. “Los cárteles se han convertido en actores cuasi militares, y eso está empujando a Washington a considerar la fuerza armada como instrumento legítimo dentro y fuera de su territorio”.

Mientras tanto, en la región del Caribe, gobiernos como República Dominicana y Panamá han expresado su respaldo a la estrategia estadounidense, señalando que la cooperación militar ha reducido la capacidad logística de las mafias. En cambio, México y Venezuela protestaron formalmente por los ataques, acusando a Washington de “actos unilaterales y extraterritoriales”.

A pesar de la controversia, el Pentágono confirmó que la Operación Sentinel Caribe 2025 continuará en curso, con unidades de la Marina y la Guardia Costera patrullando desde el Golfo de México hasta las Antillas Menores.

La votación del Senado, lejos de cerrar el debate, deja al descubierto la tensión creciente entre seguridad y control democrático.