La nueva era del visado H-1B: entre la meritocracia y el proteccionismo
En el más reciente episodio del programa The Game, Wadi Gaitán abordó uno de los temas más sensibles en la política estadounidense: la inmigración laboral. Junto al especialista Sam Peak, del Economic Innovation Group, el debate giró en torno al visado H-1B, un instrumento clave para atraer talento internacional altamente calificado. Bajo la administración Trump, este programa ha sufrido una profunda revisión que reabre viejas tensiones entre la necesidad de competitividad global y la protección del empleo nacional.
El visado H-1B, creado en 1990, permite a profesionales con título universitario trabajar en ocupaciones “de especialidad”. En la práctica, el programa se ha convertido en una puerta de entrada para ingenieros, programadores y científicos que alimentan la innovación en Silicon Valley y en los laboratorios tecnológicos del país. Sin embargo, las nuevas reglas impulsadas por la Casa Blanca, que incluyen una tarifa de 100 mil dólares para las empresas que deseen contratar bajo este régimen, están transformando el equilibrio del sistema. “Las grandes corporaciones podrán absorber ese costo, pero las startups —el corazón de la innovación— podrían quedar fuera del juego”, advirtió Peak.
El gobierno justifica la medida como una forma de impedir que las grandes firmas contraten mano de obra extranjera “más barata” en detrimento de los trabajadores estadounidenses. No obstante, la aplicación de ese criterio ha generado confusión y un efecto contradictorio: podría terminar beneficiando a las empresas con mayor capacidad de pago, reduciendo la movilidad laboral y afectando la creación de nuevas compañías tecnológicas. “El sistema actual es imperfecto”, explicó Peak, “porque mide niveles salariales sin tomar en cuenta la edad o la experiencia, lo que puede privilegiar a un diseñador gráfico sobre un investigador en inteligencia artificial”.
Desde la perspectiva política, la administración Trump busca reemplazar el sorteo aleatorio del H-1B por un sistema basado en mérito y nivel salarial, un enfoque que promete eficiencia, pero que enfrenta desafíos legales y administrativos. Para hacerlo viable, el Congreso deberá reformar la ley que rige el programa desde hace tres décadas. “El cambio requiere pasar del azar a la excelencia, pero también del discurso a la coherencia legislativa”, resumió Wadi Gaitán al cierre del segmento.