Se aviva el debate sobre Guardia Nacional en Washington
Washington.-La llegada de más de 1,100 efectivos de la Guardia Nacional provenientes de seis estados republicanos a la capital de Estados Unidos ha encendido un debate sobre los límites del poder presidencial, la legalidad de la medida y el trasfondo político que rodea a la decisión. El presidente Donald Trump defendió la acción como parte de su estrategia para “restablecer el orden en la capital”, mientras críticos lo califican de una maniobra con tintes de “teatro político”.
Un refuerzo impulsado desde los estados aliados
Los soldados provienen de Texas, Florida, Alabama, Tennessee, Dakota del Sur y Oklahoma, todos bajo administraciones republicanas cercanas a la Casa Blanca. El despliegue se realizó a petición del gobierno federal, aunque bajo el mecanismo conocido como Title 32, que permite la cooperación interestatal de fuerzas de la Guardia Nacional, manteniendo su estructura de mando estatal pero con financiamiento federal.
Voceros del Pentágono señalaron que la misión tiene carácter “defensivo y preventivo”, con el objetivo de reforzar la seguridad de edificios federales, apoyar a la policía local y garantizar el control en eventuales disturbios. Sin embargo, la ausencia de una amenaza clara y específica ha generado cuestionamientos en el Congreso.
La controversia legal
La principal crítica radica en la interpretación de la autoridad federal sobre la Guardia Nacional. Tradicionalmente, estos cuerpos están bajo el mando de los gobernadores, salvo en casos donde se declare un estado de emergencia nacional que habilite al presidente a federalizarlos. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha hecho pública ninguna orden ejecutiva en ese sentido.
“Lo que vemos aquí es una zona gris legal”, explicó la constitucionalista Linda Chavez, profesora en la Universidad de Georgetown. “El presidente está aprovechando acuerdos con gobernadores aliados para proyectar control en la capital, pero eso no equivale a un mandato legal claro. Si esto se convierte en norma, podría erosionar la separación entre autoridad estatal y federal”.
Críticas y defensas
Legisladores demócratas denunciaron que el despliegue busca militarizar Washington, D.C. en un momento políticamente sensible. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que la medida “es un espectáculo diseñado para satisfacer la base política del presidente, no una respuesta real a una amenaza de seguridad”.
Organizaciones civiles, como la American Civil Liberties Union (ACLU), también expresaron alarma por la presencia masiva de tropas en áreas céntricas de la capital, recordando episodios previos de confrontaciones entre fuerzas de seguridad y manifestantes.
Por su parte, la Casa Blanca defendió la decisión. La portavoz Katrina Pierson aseguró que el presidente actúa “dentro de sus facultades constitucionales” y que la operación es necesaria para garantizar la seguridad en un clima de creciente polarización política. “La prioridad del presidente es la paz en la capital y la protección de sus ciudadanos”, declaró.
Antecedentes históricos
No es la primera vez que Washington, D.C. se convierte en escenario de tensiones sobre el uso de la Guardia Nacional. En 1968, tras el asesinato de Martin Luther King Jr., la Guardia fue desplegada para contener disturbios. Más recientemente, en enero de 2021, tras el asalto al Capitolio, miles de efectivos de varios estados fueron movilizados para asegurar la transición presidencial.
Sin embargo, lo que diferencia al actual despliegue es su carácter preventivo más que reactivo, lo que alimenta las acusaciones de que responde más a motivaciones políticas que a necesidades de seguridad inmediatas.
El debate en el Congreso y lo que viene
En el Capitolio se prepara un debate sobre la medida. Algunos legisladores buscan introducir legislación que limite el alcance del presidente para solicitar refuerzos interestatales de la Guardia Nacional sin una justificación de emergencia nacional.
Mientras tanto, en las calles de Washington, los habitantes se muestran divididos. Algunos consideran tranquilizadora la presencia de uniformados, mientras otros temen un clima de tensión y confrontación innecesario.
El despliegue, más allá de su duración operativa, se perfila como un nuevo capítulo en la pugna por el equilibrio de poderes entre estados y el gobierno federal, en un momento de alta polarización política en Estados Unidos.