Entre la autoridad federal y el federalismo en disputa
La decisión del presidente Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en múltiples ciudades no solo ha reconfigurado la discusión sobre seguridad, sino que también ha abierto un debate constitucional de gran calado. El punto de fricción está en la interpretación de la Insurrection Act, una ley que data de 1807 y que permite al presidente movilizar fuerzas federales cuando el orden público está en riesgo y los gobiernos locales no pueden —o no quieren— mantenerlo.
En la práctica, la medida implica una ampliación de las facultades ejecutivas en tiempos de crisis. Desde el Departamento de Justicia, el fiscal general Jeff Clark argumentó que “la Constitución otorga al presidente el deber de garantizar que las leyes se cumplan, incluso cuando los gobiernos estatales se vean sobrepasados por la violencia o la anarquía”. Según Clark, la amenaza del crimen organizado y la inestabilidad en algunas urbes justifican una intervención “temporal, focalizada y proporcional”.
Pero no todos coinciden. Los demócratas, encabezados por el senador Dick Durbin, sostienen que la Casa Blanca está erosionando los fundamentos del federalismo. “No se trata de mantener la paz, sino de centralizar el poder”, advirtió Durbin en una audiencia reciente del Comité Judicial del Senado. Juristas independientes, como el profesor Laurence Tribe de Harvard, han alertado que este precedente podría permitir futuras administraciones utilizar a las fuerzas armadas para fines políticos.
Aun así, la opinión pública parece inclinarse hacia la prudencia conservadora: según un sondeo de Rasmussen Reports, un 62 % de los votantes republicanos y un 48 % de los independientes aprueban la medida. El respaldo se explica, en parte, por la percepción de desorden en ciudades gobernadas por demócratas y el temor a que la violencia urbana afecte la estabilidad económica. “El Estado tiene el deber de proteger, y la ciudadanía lo entiende así”, concluye el analista John Yoo.
Más allá de la disputa jurídica, el tema de fondo es político: hasta qué punto los estadounidenses están dispuestos a aceptar una mayor presencia federal en nombre del orden.