La capital federal, ensayo del orden militarizado
En agosto de 2025, el presidente Trump ordenó la activación y despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C., una acción sin precedentes en la era moderna para una ciudad que es capital federal pero también jurisdicción única sin gobernador.
El 11 de agosto, el mandatario emitió una orden ejecutiva que federalizó parcialmente la Policía Metropolitana del Distrito y movilizó fuerzas de la Guardia Nacional bajo el argumento de aumentar la seguridad en la ciudad frente al crimen y disturbios.
Desde ese momento, Washington ha sido el laboratorio donde se prueban las nuevas políticas de seguridad interior de la administración Trump. Al desplegar más de 700 soldados de estados republicanos como West Virginia, Ohio y Carolina del Sur, el gobierno buscó reforzar la presencia federal en la capital.
El centro histórico, los accesos al Capitolio, las sedes federales y las zonas turísticas fueron rápidamente convertidos en patrullaje militar permanente. Muchos residentes contaron que despertaron con helicópteros, líneas de islas humanas de soldados, y barricadas móviles. Algunos vecinos comentaban que ya no reconocían sus calles: se habían convertido en escenario de vigilancia.
Empresarios del área del National Mall dijeron que la afluencia turística tuvo un repunte inicial, aunque con cautela: muchas tiendas retrasaron su apertura, en espera de señales de “estabilidad real”. Un comerciante de souvenirs comentó: "El ejército aquí da seguridad, pero da también una sensación de que algo malo podría pasar en cualquier momento".
El gobierno reportó decenas de arrestos y decomisos de armas durante las primeras semanas. Según fuentes oficiales, la orden del día fue interceptar actos vandálicos y proteger bienes federales.
No obstante, documentos internos de la Guardia Nacional filtrados al Washington Post revelaron que dentro del propio mando había preocupación por el efecto en la percepción pública: se hablaba de “miedo” entre la población y “vergüenza” entre veteranos que no veían clara la legitimidad de la misión.
El concejo de Washington y el fiscal general del Distrito demandaron al gobierno federal, alegando que el despliegue viola leyes que prohíben uso militar en tareas policiales locales y que los efectivos de otros estados no tienen autoridad legal para actuar en D.C.
Para reforzar su posición, la administración extendió el mandato de esos efectivos hasta diciembre de 2025, asegurando que los pagos, beneficios y alojamientos estén garantizados.
Entre quienes viven cerca del Capitolio, algunos admiten que la presencia militar los hace sentir más seguros; otros dicen que temen moverse en horas nocturnas. Algunos padres han dicho que su principal víctima es la normalidad: los escolares pasean flanqueados por tropas.