Un llamado a desobedecer

Un video publicado por seis legisladores demócratas de EE. UU. ha desencadenado una de las crisis institucionales y políticas más intensas de las últimas semanas. En apenas 90 segundos, los parlamentarios —todos veteranos de las fuerzas armadas o exfuncionarios de inteligencia— hicieron un llamado directo a los integrantes del ejército y los servicios de inteligencia para que “rechacen órdenes ilegales”. Lo que en muchos círculos se interpretó como una advertencia constitucional —y un pedido de responsabilidad individual ante eventuales abusos del poder— fue calificado por la administración del presidente Donald Trump como una incitación a la insubordinación, un acto de sedición “punible con la muerte”, según sus propias palabras.

Con un tono solemne y dirigido “a miembros del ejército y de la comunidad de inteligencia”, los seis legisladores se turnan para repetir frases contundentes: “You can refuse illegal orders” (“Ustedes pueden rechazar órdenes ilegales”) y “You must refuse illegal orders” (“Deben rechazar órdenes ilegales”). El mensaje se sostiene desde la premisa de que los uniformados juraron defender la Constitución de Estados Unidos, y no simplemente obedecer órdenes de mando en abstracto. “Nadie tiene que cumplir órdenes que violen la ley o nuestra Constitución. Sepan que los respaldamos. No abandonen el barco”, dicen.

Lo que hace especialmente controversial la grabación es que ninguno de los legisladores identifica órdenes específicas que consideren ilegales. No mencionan directivas concretas, no citan nombres ni eventos. El video apela al principio legal general —y constitucional— de que los militares deben obedecer solo órdenes legítimas. Esa ambigüedad es, para sus opositores, una invitación amplia a la insubordinación, un “mensaje peligroso” en plena tensión por operaciones militares recientes.

Los seis miembros del Congreso que participan en el video son:

• Mark Kelly (Senador, Arizona). Ex piloto naval, capitán retirado de la Marina, exastronauta, con amplia experiencia militar activa.

• Elissa Slotkin (Senadora, Michigan). Con pasado en la CIA, trabajó en inteligencia y contraterrorismo antes de ingresar al Senado.

• Jason Crow (Representante, Colorado). Veterano del Ejército de EE. UU., ex ranger, con experiencia operativa.

• Chris Deluzio (Representante, Pensilvania). Ex miembro del servicio de inteligencia naval; aparece en el video llamando a “no acatar órdenes ilegales”.

• Chrissy Houlahan (Representante, Pensilvania). También con historial militar/inteligencia, se unió al llamado junto con sus colegas.

• Maggie Goodlander (Representante, Nueva Hampshire). Ex oficial de inteligencia de la Marina de los EE. UU., completó el sexteto.

Todos comparten algo más que su afiliación partidista: su antecedente en uniformes o en servicios de inteligencia les da una credibilidad distinta sobre temas de seguridad nacional, lo que ha hecho que su mensaje tenga un impacto mucho mayor que si viniera de legisladores sin esa experiencia.

El llamado de los demócratas llega pocas semanas después de que las fuerzas armadas estadounidenses lanzaran una serie de operaciones contra embarcaciones consideradas nodos del narcotráfico en el Caribe —ataques que, según denuncias internas, habrían incluido órdenes de “no dejar sobrevivientes” incluso después de que los barcos naufragaran. Esos golpes, parte de una ofensiva más amplia contra el narcotráfico, levantaron críticas por posibles violaciones al derecho internacional humanitario, lo que sembró dudas en amplios sectores sobre la legalidad de algunas órdenes.

Fue en ese contexto cuando los seis legisladores decidieron grabar su mensaje público: no denunciaron una orden específica, pero sí alertaron a los uniformados sobre la responsabilidad individual frente a órdenes que puedan violar leyes nacionales o la Constitución.

La respuesta no se hizo esperar. El presidente Trump calificó el video de “comportamiento sedicioso” y dijo que esos legisladores “deberían ser arrestados” y enfrentar la pena de muerte. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, arropó esas palabras y afirmó que la grabación sembraba “dudas y confusión” entre las fuerzas armadas, comprometiendo el orden y la disciplina interna.

Por su parte, el Pentágono abrió una investigación interna, en particular contra Mark Kelly —el único del grupo que aún está sujeto a jurisdicción militar—, dejando la puerta abierta a sanciones, llamado al servicio activo o incluso un consejo de guerra. Al mismo tiempo, el FBI ha iniciado una indagación formal sobre todos los legisladores que participaron en el video.

Los seis involucrados rechazaron las imputaciones. Afirmaron que el propósito del video era recordar a los militares su juramento con la Constitución y alertar sobre un contexto de operaciones en el Caribe que, según ellos, podrían implicar órdenes ilegales. Para ellos, la investigación del FBI no es sino una estrategia de intimidación política por parte de la Casa Blanca.

“Si esto pretende amedrentarme a mí y a otros miembros del Congreso para que dejemos de rendir cuentas, no lo lograrán”, dijo Kelly. Por su parte, Slotkin calificó la investigación como una táctica de miedo.

Este episodio revela tensiones profundas en el equilibrio entre Civiles, Congreso, Poder Ejecutivo y Fuerzas Armadas. El debate plantea dilemas esenciales: por un lado, el principio de autoridad civil sobre las armas del Estado; por otro, la obligación moral y jurídica de rechazar órdenes que puedan constituir violaciones irreparables al Estado de Derecho.

La acusación de “sedición”, las amenazas de muerte, la investigación del FBI y la posibilidad de corte marcial para un senador en retiro —todo ello en un contexto de polarización y narrativas de “seguridad nacional”— plantean el riesgo real de normalizar la intimidación institucional contra la disidencia. Si la ley se convierte en instrumento de castigo político, se debilita la separación de poderes y la independencia que debe tener una democracia madura.

Al mismo tiempo, queda la gran interrogante: sin ejemplos públicos de órdenes específicas que se consideren “ilegales”, ¿a qué estaba reaccionando ese video? ¿A denuncias internas, a rumores, a anticipaciones de órdenes futuras? Esa ambigüedad, deliberada o no, invita tanto al escrutinio legal como al debate ético.

La crisis desatada por ese sencillo video —seis legisladores, 90 segundos, condenas de muerte, investigaciones federales— es un termómetro de la fractura institucional que atraviesa Estados Unidos. En juego no está solo la autoridad del presidente o el mando militar, sino el principio de responsabilidad individual, la defensa de la Constitución y el límite entre obediencia y complicidad.

Si la investigación termina en sanciones, expulsiones o procesos penales, sentará un precedente histórico: ¿se penaliza la advertencia o la insubordinación? Si, por el contrario, los legisladores logran sostener su defensa, podrían consolidarse como un grupo de disidentes institucionales que exigen garantías sobre la legalidad de cada orden. Por lo pronto, el país entra en una encrucijada donde la ley, la moral y la política chocan, y el resultado definirá en buena parte el rumbo de la democracia estadounidense en los próximos años.