Operación «Lanza del Sur» y sus riesgos estratégicos

El anuncio y despliegue de la operación militar bautizada por el Pentágono como Operation Southern Spear —presentada públicamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth— marcó en noviembre un claro punto de inflexión en la política de seguridad hemisférica de Estados Unidos: ya no se trata únicamente de cooperación interinstitucional contra el narcotráfico, sino de una campaña militar sostenida con el objetivo declarado de “defender la patria” y desmantelar redes que Washington califica como «narco-terroristas». La operación, según la versión oficial, combina patrullaje naval, vigilancia aérea y el uso de medios no tripulados para detectar y destruir embarcaciones dedicadas al trasiego masivo de drogas desde y a través de aguas cercanas a Venezuela.

La activación de esta operación se produce en un contexto ya convulso: en los últimos meses las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo múltiples ataques contra embarcaciones que Washington considera involucradas en el tráfico ilícito, algunos de los cuales han provocado víctimas mortales. El primer gran titular público de esta estrategia llegó en septiembre, cuando la Casa Blanca divulgó imágenes de una interceptación que el Gobierno aseguró había neutralizado una embarcación cargada de estupefacientes; informes posteriores documentaron varias acciones similares en el Caribe y el Pacífico, y al menos en una ocasión se contabilizaron decenas de fallecidos en lo que el Ejecutivo describió como golpes contra redes criminales. Estas operaciones han sido cubiertas por agencias internacionales y medios de referencia.

Junto al operativo ha ido la mayor presencia naval estadounidense en la región en décadas: portaaviones, destructores, buques de apoyo y plataformas logísticas operan ahora a pocos millas de la costa venezolana. El movimiento de activos —incluido el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford— no es anécdota táctica: pretende, según analistas y responsables militares, ejercer presión sobre las rutas marítimas, obstaculizar la logística de las organizaciones criminales y enviar una señal al alto mando militar y a individuos del régimen de Caracas sobre la capacidad y voluntad estadounidense de intervenir operacionalmente en el área. Esa demostración de fuerza, sin embargo, alimenta también tensiones regionales e interpretaciones contrapuestas sobre los límites de la acción.

La actual administración estadounidense ha vinculado estrechamente al llamado Cartel de los Soles con el propio aparato del régimen venezolano y, en ese marco, designó a esa red criminal como organización terrorista extranjera —un paso que abre nuevas herramientas legales y operativas para perseguir financiamiento, sancionar a colaboradores e interrumpir rutas financieras— y que, en la práctica, justifica un abanico más amplio de respuestas por parte del Ejecutivo. Ese enfoque, reivindicado por la Casa Blanca y por parte de la mayoría republicana, responde a la percepción —ampliamente sostenida en sectores del Partido Republicano— de que la amenaza del narcotráfico se ha transformado en un desafío de seguridad nacional con vínculos estatales.

No obstante, la ofensiva ha desatado también un fuerte debate público y político: legisladores de ambos partidos y organizaciones de derechos humanos han exigido explicaciones, transparencia y la apertura de investigaciones formales tras informes sobre víctimas civiles y operaciones letales en alta mar. Figuras del Congreso han planteado la posibilidad de que algunos episodios requieran averiguaciones exhaustivas para determinar si se respetaron las reglas de enfrentamiento y el derecho internacional humanitario; la preocupación abarca tanto el carácter de las órdenes emitidas como el estándar probatorio que el Ejecutivo emplea antes de autorizar ataques letales en aguas internacionales. En Washington se debate, por tanto, el balance entre eficacia operativa y sujeción a la ley.

Desde un observatorio pragmático, la batalla contra organizaciones transnacionales que lucran con la destrucción social que provocan las drogas recibe un juicio dual: por un lado, es legítimo y necesario que un Estado proteja a sus ciudadanos y utilice las capacidades que garantizan su soberanía; por otro, toda acción militar que trasciende la interdicción clásica requiere claridad legal, proporcionalidad y un plan político que contemple efectos colaterales y consecuencias regionales. La amenaza narco-militarizada que representa el Cartel de los Soles —si las acusaciones de infiltración en las fuerzas armadas venezolanas se confirman— obliga a medidas contundentes; pero la contundencia sin transparencia erosiona el apoyo doméstico e internacional y crea réditos diplomáticos que Caracas y sus aliados podrían instrumentalizar.

Políticamente, la operación refleja además un sesgo estratégico: la administración estadounidense apuesta por la acción directa y la presión militar acompañada de sanciones y acciones financieras en lugar de confiar solo en la diplomacia multilateral o en herramientas judiciales. Esa vía puede producir éxitos tácticos —desarticulación de rutas, capturas e incautaciones—, pero también exige preparación para escaladas y para gestionar el impacto en países vecinos (Trinidad y Tobago, Colombia, las islas del Caribe) y en actores extra-hemisféricos que tienen intereses en el área.

La pregunta que queda abierta es cuál será el final de este capítulo: si la Operación Lanza del Sur logra degradar de forma sostenida a las redes que alimentan la crisis de drogas en Estados Unidos sin crear una crisis mayor en la región, podrá considerarse una política eficaz; si, por el contrario, se producen errores operativos, víctimas civiles o agravamiento de la confrontación con Caracas, el coste político y humanitario será elevado y obligará a replantear un enfoque que, hasta ahora, ha priorizado velocidad y contundencia sobre deliberación pública detallada. En un mundo donde la seguridad nacional y la legalidad internacional ya no son cuestiones subsidiarias, la legitimidad de la acción quedará determinada tanto por sus resultados operativos como por la claridad democrática con la que Washington los explique y justifique.