Los rostros de la ansiedad en EE.UU tras la pérdida del TPS

Cuando el último segundo del 7 de noviembre de 2025 marcó oficialmente el fin de la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 600 mil venezolanos en Estados Unidos, no solo terminó un beneficio migratorio: comenzó una etapa de incertidumbre profunda para miles de familias que, durante años, construyeron su vida, su trabajo y su aporte en suelo estadounidense. La decisión, tomada como resultado de un fallo de un panel de tres jueces del Noveno Circuito y respaldada por la Corte Suprema al suspender una extensión previa otorgada por un juez federal, dejó en el aire el destino de cientos de miles de personas que ahora enfrentan la posibilidad real de la detención, la deportación, la separación familiar y la pérdida de su acceso al trabajo y a servicios básicos, incluida la atención médica.

Desde una óptica estrictamente legal, la medida responde al principio fundamental sobre el que se sostiene el Estado de derecho: la ley se cumple. Y cuando las cortes superiores autorizan la cancelación de un beneficio temporal, el Departamento de Seguridad Nacional tiene la facultad de poner fin a ese programa. Pero que sea legal no significa que no sea dramático para quienes quedan atrapados en el vacío jurídico. En este contexto, el abogado de inmigración Ángel Leal explicó que, aunque el TPS quedó cancelado a partir de esa fecha, el litigio continúa en el Noveno Circuito Federal de Apelaciones, que deberá pronunciarse sobre si fue correcta o no la decisión del juez Chen, quien había extendido la protección hasta octubre de 2026. Si ese tribunal falla a favor de los beneficiarios, la administración podría verse obligada a restaurar temporalmente el TPS, a menos que la Corte Suprema decida retomar el caso y emitir una resolución definitiva.

Hay, por tanto, una luz débil de esperanza. Pero es tan incierta como lejana para miles de venezolanos que hoy, sin TPS, deben analizar con precisión quirúrgica cada una de sus opciones legales. Leal insiste en que no existe una solución universal y que cada caso debe ser revisado individualmente. Algunos podrían tener la posibilidad de regularizar su estatus a través de una petición familiar, especialmente quienes cuenten con hijos ciudadanos estadounidenses mayores de edad o quienes estén casados con ciudadanos norteamericanos, siempre y cuando hayan ingresado legalmente al país en algún momento. En esos escenarios, la ley permite el ajuste de estatus, algo que no aplica de igual manera para quienes entraron de forma irregular por la frontera, incluso si luego recibieron algún tipo de libertad condicional migratoria.

Otras vías, como las peticiones por empleo, existen, pero se encuentran sujetas a procesos largos, exigencias estrictas y categorías que no siempre están al día en el boletín de visas. Además, para muchos de estos trámites se requiere haber mantenido un estatus legal continuo, algo que no todos podrán demostrar una vez vencido el TPS. En el caso de quienes deban recurrir a procesos consulares, el riesgo es mayor, pues la ley impone castigos de tres o hasta diez años para quienes acumulen períodos de permanencia ilegal.

Entre los más vulnerables están aquellos que ya tienen una orden final de deportación. Para ellos, el margen de maniobra es mínimo. Solo una reapertura del caso ante un juez de inmigración, basada en nuevos elementos legales, podría darles una oportunidad. El asilo surge como una alternativa para muchos, pero Leal advierte que es un recurso profundamente personal e individualizado. No basta con que el país de origen atraviese una crisis política o humanitaria; es necesario demostrar persecución concreta o temor fundado por razones específicas como opinión política, religión, raza, origen o pertenencia a un grupo social particular. Solicitar asilo sin una base sólida, solo por evitar quedar indocumentado, podría derivar en un rechazo y una orden de deportación.

A todo esto se suma una realidad que las autoridades migratorias han endurecido su vigilancia ante posibles fraudes. Casarse con un ciudadano estadounidense únicamente para obtener beneficios migratorios no solo es ilegal, sino que constituye un delito federal que puede acarrear penas de prisión de hasta cinco años y multas de cientos de miles de dólares. Las investigaciones en estos casos son exhaustivas: revisión de cuentas bancarias conjuntas, pólizas de seguros, direcciones compartidas, historial financiero, fotografías, viajes, testimonios de vecinos y hasta operaciones encubiertas de agencias de seguridad nacional. El mensaje es claro: la ley ofrece caminos, pero no tolera atajos fraudulentos.

La conversación en Punto Clave también puso sobre la mesa otro tema inquietante: la reciente revocación de visas a decenas de miles de extranjeros, entre ellos miles de estudiantes, en una acción impulsada por la administración Trump en medio de un endurecimiento de los controles migratorios. Para quienes pierden su visa mientras se encuentran en territorio estadounidense, las opciones son extremadamente limitadas y, en muchos casos, el proceso de deportación se convierte en una amenaza inmediata si no logran acogerse a otro tipo de estatus legal.

Incluso la ciudadanía por naturalización, considerada durante años como la meta final y segura del proceso migratorio, puede ser revertida en casos de fraude comprobado. La denominada “desnaturalización” ocurre cuando el gobierno demuestra que una persona mintió u ocultó información clave para obtener su beneficio. En esos casos, no solo se pierde la ciudadanía, sino que se abren las puertas a un proceso de deportación.

En medio de esta tormenta legal y política, el programa también abordó otro fenómeno que golpea de frente a la sociedad estadounidense: el creciente nivel de estrés, ansiedad y soledad que afecta a millones de personas. Un informe de la Asociación Americana de Psicología reveló que más del 60% de los adultos identifica la división social como una fuente importante de estrés, mientras que un porcentaje aún mayor admite sentirse aislado, ansioso por el futuro y con dificultades para tomar decisiones cotidianas.

La psicóloga clínica Judy Salazar explicó que esta crisis emocional es multifactorial: viene arrastrándose desde la pandemia, se ha visto acentuada por la polarización política, la incertidumbre económica y el impacto de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial. La desconexión humana, el aislamiento social y el exceso de exposición a las redes crean un entorno que debilita los vínculos familiares, afecta la autoestima y deteriora la salud mental.

Sin embargo, lejos de ofrecer un discurso victimista, Salazar enfatizó la importancia de recuperar la responsabilidad individual: escuchar más, juzgar menos, reconectar con la naturaleza, establecer límites en el uso de la tecnología, fortalecer los lazos familiares y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La terapia, que durante años fue vista como un tabú, hoy se presenta como una herramienta de crecimiento y equilibrio, una inversión en la salud mental que incluso es cubierta por muchas aseguradoras.

El mensaje final que deja Punto Clave es contundente y coherente con una visión de centro derecha: la ley debe respetarse, las instituciones deben fortalecer su autoridad, pero la sociedad no puede ignorar el impacto humano de sus decisiones. El orden y la legalidad son pilares irrenunciables de cualquier nación soberana, pero también lo es la responsabilidad de cada individuo de informarse, prepararse, cumplir las normas y buscar caminos legítimos para salir adelante, incluso en los momentos más difíciles. En un país construido por inmigrantes, el reto no es debilitar la ley, sino encontrar el equilibrio entre el rigor jurídico, la compasión humana y la defensa del interés nacional.